La violencia institucional en violencia de género es una realidad que muchas mujeres descubren cuando deciden denunciar. Lo que debería ser un camino hacia la protección y la justicia, en demasiados casos se convierte en un nuevo escenario de sufrimiento, duda y desconfianza.
Denunciar no debería destruirte. Sin embargo, para miles de mujeres, el tribunal se transforma en otro campo de batalla donde se minimiza la violencia, se cuestiona el relato de la víctima y se acaba juzgando a la madre en lugar de al agresor.
¿Qué es la violencia institucional en violencia de género?
Hablamos de violencia institucional cuando las propias instituciones encargadas de proteger fallan, ya sea por acción u omisión, generando un daño añadido a la víctima. En los procedimientos de violencia de género y familia, esta violencia se manifiesta cuando el sistema judicial no aplica de forma real el enfoque de género ni evita la revictimización.
Algunas de sus formas más habituales son:
- Minimizar la violencia psicológica o económica.
- Calificar el abuso como un simple “conflicto de pareja”.
- Exigir pruebas prácticamente imposibles a la víctima.
- Dudar sistemáticamente del testimonio de la mujer.
Problemas del sistema judicial en la violencia de género: cuando la madre pasa a ser la sospechosa
Uno de los patrones más preocupantes es cómo muchas mujeres acaban siendo percibidas como exageradas, conflictivas o manipuladoras. La conducta protectora de la madre se interpreta como estrategia y el foco se desplaza del agresor a quien denuncia.
Esta dinámica genera una profunda revictimización y contradice el objetivo protector de la normativa sobre violencia de género.
Los menores, en un segundo plano
Aunque la violencia de género daña directamente a los hijos e hijas, en muchos procedimientos judiciales los menores quedan relegados a un segundo plano.
En la práctica, se observa que:
- Se prioriza el supuesto derecho del padre a relacionarse por encima de la seguridad del menor.
- Se escuchan poco los miedos y el malestar de los niños.
- Se normaliza el contacto incluso en contextos de violencia acreditada.
Este enfoque ignora el interés superior del menor y puede perpetuar el daño.
La alienación parental: una teoría desacreditada que sigue presente
A pesar de estar desacreditada científicamente, la llamada alienación parental continúa apareciendo en los tribunales bajo otras denominaciones como “manipulación”, “conducta obstruccionista” o “madre simbiótica”.
El resultado es especialmente grave: la madre pasa a ser señalada como culpable y el agresor es presentado como víctima del sistema.
La ley y la realidad: una brecha preocupante
El marco legal y los tratados internacionales hablan de protección, enfoque de género y no revictimización. Sin embargo, la aplicación práctica dista mucho de ese ideal.
Diversos estudios europeos han puesto de manifiesto que muchas mujeres sienten que su situación empeora al entrar en el sistema de justicia familiar, debido a las barreras procesales y a la falta de comprensión real de la violencia de género.
Esta problemática no es exclusiva del ámbito nacional. Organismos internacionales como CEDAW han advertido del impacto de la violencia institucional y la revictimización de las mujeres en procesos judiciales.
Qué dice la evidencia para que la justicia funcione
La experiencia jurídica y la evidencia coinciden en que no basta con que exista una ley. Para combatir la violencia institucional en violencia de género es imprescindible:
- Jueces y peritos especializados.
- Formación obligatoria y continua en violencia de género.
- Coordinación real entre tribunales.
- Defensa jurídica efectiva y estratégica.
- Cero tolerancia a teorías sin base científica.
El Consejo General del Poder Judicial ha señalado en distintas ocasiones la importancia de la formación especializada en violencia de género para evitar resoluciones que perpetúen la violencia institucional.
La violencia institucional existe y también se combate
No basta con tener razón ni con denunciar. Muchas madres protectoras necesitan estrategia, prueba y una comprensión real de la violencia que han sufrido.
Reconocer la violencia institucional es el primer paso para combatirla y exigir una justicia que proteja de verdad.
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